La marcha en contra de la venta de la telefónica llevada a cabo en el 2006 fue todo un éxito en organización, asistencia y contenido. Acudí a la misma en calidad de observador del Colegio de Abogados. No recuerdo acto de protesta anterior o posterior con mayor despliegue de apoyo, sin embargo, el resultado no guardó proporción con el esfuerzo y el objetivo, ya que la venta se llevó a cabo. Ha transcurrido una década.
En el ambiente circulan aires de descontento, frustración y cinismo. La economía está deprimida, la deuda pública parece impagable y cada vez se acerca el momento de la designación de
una junta de control fiscal. Todo apunta a que los puertorriqueños seremos obligados, por una entidad originada en el gobierno federal, a satisfacer los reclamos de nuestros acreedores. La imposición nos obligará a pagar por actuaciones extra constitucionales de los administradores del país. Resulta interesante que no haya indicios de que a ellos se le habrá de exigir responsabilidad por las ilegalidades en que incurrieron. Además de la pérdida económica que ello significará para cada uno de nosotros, existe un precio emocional generado por la impunidad, el sentido de impotencia, la incertidumbre y la ausencia y el vacío que producen los que se marchan. La falta de paz y sosiego es parte del precio que ya estamos pagando.
Quisiéramos hacer algo para alterar el desorden y el desenfoque imperante: ¿Pero qué? Las gentes nos organizamos en sociedad y designamos a los gobiernos con el fin de procurar el bienestar común, propiciar nuestro máximo desarrollo y tener un grado de seguridad. De tal razón de ser nos encontramos muy distantes; tanto así, que han ido convirtiéndonos en los pagadores de la corrupción, los delitos y las maquinaciones de quienes nos han mal gobernado.
¿Qué podemos hacer? El asunto va más allá de participar en las elecciones; eso nada ha resuelto. Los partidos y los candidatos independientes están desarrollando sus campañas electorales como se ha hecho histórica y tradicionalmente. Parecemos estar enajenados de los efectos del control federal. No hay que ser adivino para pronosticar que las elecciones las ganará el PPD o el PNP, que el PIP obtendrá alrededor de un 5%; un 4% entre la Lúgaro y Cidre y alrededor de un 2% el PPT. Eso significa que todo seguirá igual, excepto que el poder del gobierno de Puerto Rico y de los electores se habrá visto limitado por la designación de una junta de control fiscal federal. Ir a las elecciones en noviembre, como si nada extraordinario estuviese sucediendo, carece de sentido tanto para los que votamos, como para los políticos que aspiran a gobernarnos. Responderemos con indignación, protestaremos y nos opondremos; derechos que protege y garantiza la constitución, pero ello no necesariamente impedirá lo que a todas luces parece inminente.
El curso de acción a seguir requiere de valentía y tendremos que llevarlo a cabo dentro del estado de emergencia en que se vive en Puerto Rico.
¿Qué tal si nuestro primer mandatario, Alejandro García Padilla designa de inmediato una Junta de Gobernación compuesta por todo candidato a gobernador que haya certificado la Junta Estatal de Elecciones? ¿Qué tal si esa Junta comienza a trabajar de inmediato para crear un proyecto de país? ¿Qué tal si en noviembre, para el día de las elecciones, los votantes acudimos a elegir un administrador no partidista, para que presida la Junta?
¿Por qué no? ¿Porque se caería la práctica de los inversionistas políticos de realizar aportaciones a cambio de obtener preferencias y consideraciones especiales post eleccionarias? ¡Qué bueno! ¿Porque desarticularíamos el modelo bipartita que ha predominado durante décadas en el país y que ya no sirve? ¡Qué bueno! ¿Porque le daríamos la oportunidad de trabajar por Puerto Rico a todos los que han manifestado tener la voluntad, el tiempo y la capacidad para dirigirlo? ¡Qué tremendo! ¿Porque seremos nosotros quienes vamos a enfrentar nuestros problemas? ¡Ya es tiempo! ¡Qué bueno! ¿Porque alteraríamos el curso de nuestra historia de Pueblo y a la vez evitaríamos la imposición de una junta de control fiscal federal? ¡Qué bien! Y si no lo logramos del todo, habremos enfrentado el asunto unidos. ¡Ese es un enorme paso de adelanto! Mucho que ganar y poco o nada que perder; es una buena consigna. ¿Don Alejandro?
A 22 de marzo de 2016
Hacienda Luz de Luna
Adjuntas, Puerto Rico
*[El autor es agricultor, abogado, mediador certificado y ex profesor universitario.]
¿Qué tal si nuestro primer mandatario, Alejandro García Padilla designa de inmediato una Junta de Gobernación compuesta por todo candidato a gobernador que haya certificado la Junta Estatal de Elecciones? ¿Qué tal si esa Junta comienza a trabajar de inmediato para crear un proyecto de país? ¿Qué tal si en noviembre, para el día de las elecciones, los votantes acudimos a elegir un administrador no partidista, para que presida la Junta?
