¡La raíz de la justicia!

     Lugar profundo, oscuro... que a simple vista no es visible y que en algunas especies de árboles muestran el lugar donde enyuntan con el tronco, superficialmente, sobre la tierra.  Alguien dijo alguna vez que la justicia en una perra flaca que sólo muerde a los descalzos, pero esa es una verdad profunda, enraizada en un lugar donde la injusticia de las desigualdades prevalece, espacio que existe pero que muchos prefieren no examinar porque pudiese salpicarnos con cierto grado de privaciones y culpa; por decirlo de algún modo…, hemos estudiado para ser profesionales y habiéndonos 

'quemado las pestañas', somos merecedores de beneficios inaccesibles a otros menos afortunados.  Ese es un dilema de dimensiones político-ideológicas, pero mejor dejémoslo ahí.

Concluyamos, destacando que un síntoma visible, para un observador no especializado, es que la población encarcelada, en su gran mayoría, posee una baja escolaridad y cuenta con limitados recursos económicos.  A la hora de presentarse ante un tribunal, no es lo mismo contar con el dinero necesario para pagar los servicios de un "buen abogado", que no disponer de ellos.  Los resultados suelen ser diferentes.

     Vayamos entonces a aspectos más visibles... a esa zona fronteriza entre la raíz y el tronco.  Por disposición legal, los nombramientos y la confirmación de los jueces está en manos de los políticos. También es conocida la práctica de los gobernantes de nombrar adeptos a su partido a esas posiciones.  Aunque no necesariamente esa manera tiene que resultar en un desvío del sano juicio y la imparcialidad de quienes se desempeñan dentro de lo que llamamos, impartir justicia, los propios políticos se han encargado de politizarlo, al extremo de viciarlo.  

     Nuestro sistema de tribunales fue creado para dispensar justicia de manera imparcial, pero para que este opere como se supone, (con la intervención, muchas veces del Departamento de Justicia y de la Policía), los puestos tienen que ser ocupados y desempeñados por personas competentes y responsables, conocedoras del derecho, ecuánimes y con una alta vocación de servicio al país.  Este es el fundamento que da base a que los ciudadanos confiemos en el sistema y vivamos dentro de un orden y una paz colectiva.  Cuando es así, no existen razones justificables o excusas para tomar la justicia en nuestras propias manos.  Lo antes expresado equivale a un árbol frondoso que surge de unas raíces sanas.  

     La realidad en Puerto Rico es otra.  Aquí se ha contaminado y corrompido el sistema debido a la intervención de los políticos. Dos casos recintes,  demuestran a clara luz, cómo el partidismo ha intervenido para perseguir y perjudicar, al igual que para exculpar y atemperar penas.  Han ocupado las primeras planas de los periódicos, los medios televisivos y el internet, dos casos: el de la exrepresentante Mariana Nogales Molinelli y el de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.  

     La pregunta que huelga es: ¿Y qué hacemos con el árbol maleado, que no da buenos frutos?  Ese árbol está a la vista de todos.  Lo que es cierto e inevitable, independientemente con lo que hagamos con ese árbol, es que las cortes, como sistema de justicia, no ofrecen al ciudadano promedio, la confiabilidad de que cumplen con su responsabilidad para con nosotros. Porque, despues de todo, el gobierno democrático y representativo, es por y para el pueblo.           

DÍA DEL ABOGADO 2022

         Hoy, no sé de que manera, se estará celebrando el día del abogado en Puerto Rico. Es celebrable que una persona haya alcanzado la meta de graduarse de la profesión de abogado. Ciertamente, es un logro académico. Cuando en 1969 egresé de la facultad de derecho de la UPR alcancé una meta. Tras revalidar y comenzar a ejercer la profesión, inicié una segunda etapa de aprendizaje; que nunca he terminado. Desempeñarse en un tribunal y abogar por otro ser humano conlleva una gran responsabilidad. Conocí, durante 50 años, a excelentes defensores, a fiscales y jueces; todos abogados. Pero una cosa es el desempeño de la abogacía y otra el compromiso con el derecho. Este último abarca principios de justicia y de certeza jurídica. A través del derecho se regula la convivencia social y se aspira a la solución de los conflictos que surgen entre las personas, de manera jurídica, o sea, legal. Resulta medularmente significativo a lo que se llama "el derecho", la protección de la dignidad y la igualdad del ser humano, así como el conjunto de responsabilidades y limitaciones que tiene el gobierno.

El original de este cuadro lo titulé: Justicia

    El preámbulo de la Constitución de Puerto Rico expresa que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña. Aclara que ese sistema es aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder del gobierno y que dicho gobierno está subordinado a los derechos del hombre. Yo no tengo mucho que celebrar. Puerto Rico es una colonia y ese estado, por definición, es indigno. La fuente del poder en Puerto Rico es el Congreso de los Estados Unidos y en estos momentos, la Junta de Control Fiscal. Todos los funcionarios electos por la voluntad del pueblo, no gozan del poder que le otorgamos para gobernarnos. Los jueces que se desempeñan en Puerto Rico, sin que entremos en el asunto de la politización o si hay o no corrupción, están limitados y obligados por las leyes de los Estados Unidos y por las decisiones del Tribunal Supremo de ese país.

    Se me hace muy difícil celebrar lo que ofende y violenta... y para colmo es justificado por una legalidad que es indigna. No obstante, reconozco, celebro y felicito a aquellos abogados que practican el derecho.

 

LA JUSTICIA LO REQUIERE

 

         Va desarrollándose el caso denominado; ‘de Manuel Natal y la Alcaldía de San Juan’, pero en realidad es mucho más que eso.  Estén o no conscientes las partes, se dilucida uno de nuestros principios democráticos más importantes: que el poder del gobierno surge del Pueblo.  El mecanismo que se crea para implementarlo es el sistema electoral.  Si una votación o el proceso mediante el cual se cuentan los votos está plagada de irregularidades que empañan la transparencia y la certeza de que los resultados son los legítimos, se violenta, no sólo la voluntad del Pueblo, se lesiona la democracia y la propia constitución.  Por esta razón, este caso es crucial y deberíamos estar atentos a su desarrollo.    

         Consideremos detenidamente algunos de sus componentes.  El escenario es el que clásicamente provee el gobierno para dirimir controversias; un juzgado.  Los argumentos son legales y hay testigos que están aportando prueba sobre los hechos relevantes que le constan.  Debido al interés público que esto conlleva, se está transmitiendo a través de diversos medios.  Nosotros, el Pueblo, estamos recibiendo información para llegar a juicios mejor informados; corroboramos o descartamos lo que hasta ahora habíamos ‘intuido', escuchado y creído.  Resulta interesante que la pandemia no ha sido un obstáculo para que se realice el evento.  Más allá de los resultados, consiste en un buen ejercicio para concientizar, aprender y madurar colectivamente.   

         Dada la realidad política puertorriqueña, el caso tiene otra dimensión trascendental.  Lo que está ocurriendo nos sirve de ejemplo y modelo para diferentes situaciones que afectan otros aspectos de nuestras vidas y que podríamos enfrentar de una manera similar.  La aplicación a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, encarecen significativamente los costos de la transportación marítima, en consecuencia, también el de la materia prima que nos vemos precisados a importar del exterior.  El daño a nuestra economía es significativo.  Los puertorriqueños pagamos un sobreprecio de uno 1.2 billones de dólares anualmente y se afectan directa y negativamente diferentes sectores productivos del país, como lo son los medianos y pequeños comerciantes y empresarios, y los agricultores.   

         Un principio legal es que el que le ocasiona daños a otro es responsable

de los mismos y si alguien en posición de evitarlos, no lo hace, también responde por ellos. ¿Acaso no es causante de éste enorme daño que sufrimos, el gobierno de los Estados Unidos? ¿No lo son nuestros funcionarios electos que conociendo del mismo se quedan de brazos cruzados, a veces apoyando su comisión? Ciertamente, detrás de ello está presente nuestra condición colonial, una crasa violación al derecho internacional.

         ¿Qué se requiere?  Preparar un caso.  No tengo duda, que existen todos los ingredientes necesarios para lograrlo, pero esta vez, la audiencia, además de nuestra, será de los estadounidenses y de todo el mundo.                 

¿EN QUÉ ESTÁN PENSANDO?

   La página tres del diario El Vocero, edición de hoy, bajo el título: Cortos de endosos para elección especial, relaciona en la noticia que Melinda Romero, (hija del ex gobernador Carlos Romero Barceló) quien solamente pudo entregar 255 de los 3,000 que requiere la ley habilitadora de esa elección, radicó una demanda en contra de la CEE alegando que la ley establecía como fecha límite para la entrega el 15 de marzo y no el 8 como indica el reglamento.

    Prima facie, parece que le asiste la razón a la ex senadora Romero Donelly (PNP 1998). Sin embargo su curso de acción legal desvía el asunto crítico y crucial de la llamada elección especial.

    La misma fue aprobada por la pasada administración del Partido Nuevo Progresista, como parte de la reforma de la anterior ley electoral. Se trata de la misma ‘reforma’ que ha sido objeto de múltiples críticas y bajo la cual se han hecho serias imputaciones de fraude.

    En la noticia se indica que los comisionados alternos de los partidos y una representante del presidente de la CEE discutieron, por varias semanas, la disposiciones sobre la elección especial y su reglamento antes de ser aprobados.

    Si entendí bien, los demás partidos estuvieron de acuerdo en celebrar una elección especial con el uso de fondos públicos. ¿Hubo alguna consideración o condición sobre los resultados porcentuales de la consulta sobre estatus?

    Se cita al licenciado Roberto Aponte Berrios, comisionado del PIP, indicando que: “Además de tratarse de una cuestión de principios, lo cierto es que yo no puedo favorecer que se gasten 6 millones en un ejercicio de cabildeo cuando en el País existen tantas necesidades sin cubrir.”

    Creo justo y oportuno que el licenciado Aponte aclare bajo cuáles circunstancias se aprobó la elección especial y cuál es el contexto dentro del cual él expresó no estar de acuerdo con el uso de los dineros, si antes, los comisionados alternos favorecieron la elección especial. Que igualmente, el comisionado del PPD, Gerardo ‘Toñito’ Cruz se exprese y aclare cuáles fueron las consideraciones habidas para endosar el uso de fondos públicos para esa elección especial. (A ambos le cedo espacio aquí para hacerlo.)

   Sin un compromiso vinculante del Congreso y habiendo los Estados Unidos expresado de antemano, que la consulta era deficiente legalmente, ¿cómo es posible que ningún comisionado haya impugnado judicialmente su validez?  Esa debió haber sido la noticia.

  Y me pregunto, ¿si los comisionados no lo hacen, podemos nosotros, los ciudadanos llevar un recurso legal para impedirlo? ¿Colegio de Abogados, Facultades de Derecho, abogados defensores del país, podemos contar con ustedes?

PUERTORRIQUEÑO, DÉMONOS A RESPETAR

  Hemos ido internalizando el trato discriminatorio, las humillaciones e injusticias que se cometen en contra de nuestro Pueblo. Ha sido un proceso lento; podría decirse, que se ha dado imperceptiblemente. Son siglos de ver como 'normal' la ausencia de libertades; inclusive, de creer que es bueno que no las tengamos. Muchos puertorriqueños aspiran a ser parte del país que nos oprime.  Hoy más que nunca debemos usar la creatividad y nuestras mejores capacidades y esfuerzos para entender cuál es nuestra realidad y darnos al proceso de cambiarla para el bien de todos.
    A través de la protesta se logró la renuncia de un gobernante y la salida de la Marina de Vieques. Pueden tener un gran valor. Sin embargo, muchas protestas se quedan en eso. Una de las manifestaciones más grandes, fue en contra de la venta de la Telefónica y no se impidió.
   Hay otro medio de combatividad: los tribunales. Es cierto, se ganan y se pierden casos, pero es un recurso adicional

que debe aprovecharse al máximo. Además, una prensa consciente, puede convertir un caso en un instrumento educativo.  Vamos a necesitar a estudiantes valientes de las facultades de derecho, de abogados dispuestos a ser creativos y a servir las causas justas del Pueblo.

[Uní 2 cortos escritos que coloqué hoy 9 de junio de 2020 en 'feisbuc'.] 

Jueces, Política y Justicia

   Dedicado a los juzgadores sabios y juiciosos cuyo norte es ser ecuánimes.  A quienes honran la toga y dan ejemplo de excelencia.   A los que aún dudando, se atreven a hacer brillar la justicia por encima de todas las demás consideraciones. 

   A los pueblos que en medio de sus crisis, asumen responsabilidad,  crean soluciones y se superan.

   A cada puertorriqueño.

          En Puerto Rico existe un 'tejemeneje' con la designación de jueces tomado en consideración criterios políticos y partidistas.  Más allá de una cuestión de preferencia de estatus, la movida, sépase o no, comprende toda una visión de mundo.  Lo cierto es que el partido en el poder tiene [preferiría usar, cree tener] una preeminencia ideológica en las cortes que trasciende tanto la estadidad como su estadía en La Fortaleza.
         Un país, y el sistema reinante que utiliza para impartir justicia, tiene resultados beneficiosos cuando los criterios para seleccionar a sus magistrados responden a la calidad de sus valores morales y humanos, a una respetable trayectoria como juristas y estudiosos de la vida, y un resuelto compromiso de salvaguardar los derechos humanos.  En esencia, sus jueces deben ser personas con un grado de sabiduría y vocación para resolver con ecuanimidad las controversias.

A muy pocos se nos ocurriría escoger, basado en su adhesión o trayectoria como afiliado de un partido, a un mecánico para que repare nuestro auto o a un cirujano al momento de someternos a una operación. La verdad es que utilizamos criterios relacionados con su calidad humana, experiencia y profesionalismo.

Deberíamos pecar de ingenuos al cuestionar la manera en que todos hemos llegado a aceptar como algo tan natural, aquello que claramente resulta irrazonable, dañino y hasta ofensivo.  ¿Qué posibles explicaciones existen para tan desatinado e irracional absurdo?

         La responsabilidad siempre ha sido nuestra.   En mayor o menor grado, nos hemos fanatizado y apasionado con el asunto de alcanzar o rechazar la tierra prometida bajo la soberanía/independencia o bajo la integración/estadidad, que nos hemos convertido a un tipo de servilismo; hemos optado por someternos al dirigismo de los partidos, del gobierno y de sus líderes.  Llegamos a sentirnos impotentes y carentes de la libertad y de los medios necesarios para enfocarnos en el presente y en lo nuestro: nuestras vidas, nuestra familia, nuestro vecindario, nuestro trabajo, nuestra tierra, nuestras dificultades y retos, y aplicar nuestra creatividad e inteligencia para resolver lo que sea necesario, y prevalecer.  Y es que de eso es de los que precisamente se trata la calidad de vida.  Al postergar y delegar la lógica y encomiable labor de ocuparnos por lo que somos, hacemos y logramos… terminamos escogiendo a cabros para que velen y se ocupen de nuestras lechugas. ¿Qué puede ser más disparatado que eso?

Volviendo a los partidos políticos, además de premiar a sus seguidores, pueden concebirse otras ‘razones’ para ésta manera de hacer nombramientos judiciales: que al surgir controversias en las cuales esté envuelto el estatus o sus colectividades, ya exista una mentalidad cuya tendencia sea la de favorecer a quien hizo la designación.  Igualmente podría ocurrir, al presentarse litigios donde se cuestione la validez de actuaciones del partido nominador, (como el caso del gasoducto) y situaciones contenciosas donde estén involucrados políticos o sus protegidos.

Lo que pudiese considerarse una estrategia para obtener de antemano ciertas ventajas, también constituye un subterfugio que quebranta el principio constitucional de separación de poderes y el deber cardinal y jurídico de encausar imparcialmente las controversias judiciales.  Estamos o aparentamos estar ante un caso de corrupción institucionalizada, que no puede válidamente excusarse con el señalamiento de que antes otros lo han hecho o que en otros países, cercanos o lejanos, esa sea o haya sido la práctica.  Debemos de cuidarnos de la dulce tentación de ‘sacarle provecho’  a tal desastre social y de algún modo ‘validar’ la inmoralidad.  Lo que está mal, lo está y no debe importar quién lo haga.  El objetivo siempre debe ser la excelencia.

Es probable que quienes elijan, confirmen y ejerzan como jueces disten de éstas consideraciones, pero la suspicacia y el aspecto de otras intenciones proporcionan poca paz de conciencia para los juzgadores, un pésimo ejemplo a la ciudadanía, perturba el bienestar común y alimenta la frustración y el pesimismo colectivo. Como bien dice el dicho, la mujer del cesar no sólo debe ser honesta, también debe aparentarlo.

La transparencia, es un asunto trascendentalmente indispensable para la sana administración del país.  Que en los menesteres que nos atañen a cada cual, nos ayude Dios.