Al referirnos al abandono de miles de cuerdas
de fincas agrícolas y a la observación que me hace un amigo, de que hay que “ayudar”
a quienes aún cultivamos la Tierra, expongo dos hechos que dan al traste con
cualquier esfuerzo que de buena o mala fe haya hecho o dicho el Departamento de
Agricultura y el Gobierno de Puerto Rico.
Primero:
Somos el quinto mercado mundial de los productos alimenticios de EEUU. Eso se traduce a que los agricultores estadounidenses
tienen, en Puerto Rico, un
excelente mercado para su producción de vegetales,
frutas, huevos, carnes, productos lácteos, comestibles enlatados y empacados. Ello no ha ocurrido casualmente; en ocasiones
ha requerido de medidas drásticas equiparables a una acción militar. No es para sorprendernos, ya que el término
guerra de precios es uno utilizado comúnmente en el campo económico. Hace unos veinte años, producíamos el 85% de
la carne de pollo que consumíamos. Picú
y To Rico, las dos industrias coameñas responsables de ello, daban vida a
cientos de avicultores nuestros e indirectamente beneficiaban la economía familiar,
bancaria, de construcción, venta de vehículos, gasolina, ropa, escuelas,
restaurantes y otros de la zona.
Pollos Tyson hizo gestiones para
introducir a nuestro mercado su carne congelada y se encontró con una primera
línea de defensa por parte del Departamento de Agricultura. Se tomaron medidas para proteger lo nuestro,
estableciendo ciertas condiciones, entre otras, con el etiquetado de ese
producto. El objetivo era encarecer su
costo y disuadir la importación. Para
quien no lo sabe, Puerto Rico no posee la capacidad legal para hacer lo que la mayoría
de los países del mundo hacen; establecer una tarifa o un arbitrio para proteger
el producto local, de manera que así, con una mano amarrada, nos adentramos en una
batalla. Sin saber cómo, apareció
un arriero, a la vista de los inspectores de sanidad federales, en la planta
procesadora de carne de pollo y está fue clausurada el tiempo suficiente para asestar
un golpe mortal a la industria. Así de sencillo… una simple escaramuza, tan o
más corta que la Guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra.
Tyson y otras marcas “suplieron la necesidad”
de carne de pollo de los puertorriqueños. ¡Nos salvaron! Lo harán mientras les resulte económicamente beneficioso.
Analice, amigo lector, si algo similar ocurrió
con gandules Carro en
Villalba, la industria de la piña Lotus en Manatí, el azúcar,
la carne de cerdo y de res, pero más allá… con la petroquímica y cientos de
fábricas que una vez formaron parte de ‘Operación Manos a la Obra’. Se trata de una pelea para la cual los puertorriqueños
tenemos una mano amarrada. ¿Y la otra? Amarrada también. Le reconozco esa acertada descripción al
licenciado Rubén Berrios Martínez.
Segundo: las Leyes de Cabotaje. Nos la aplicaron unilateralmente los
estadounidenses en 1914 y ellas mantienen nuestros costos de producción altos. ¿Cómo? Requieren que la transportación marítima
desde y hacia Puerto Rico se haga en embarcaciones de fabricación, con documentación
y tripulación de Estados Unidos (la
más cara del mundo). Crowley, quien mantiene un monopolio en ese
campo, ha preferido pagar millones de dólares en multas, que ceder al control
super lucrativo en ese renglón. Casualmente, esa misma compañía anuncia que es
quien ‘nos ayuda a resolver’ nuestra transportación
marítima.
¿Sabías
que los puertorriqueños pagamos cerca de $750 millones anualmente en el
sobreprecio de transportación que la aplicación de esas leyes significa? Ello sin incluir los costos indirectos
adicionales; como lo es tener que pagar más por los automóviles, materiales de
construcción, maquinaria, ropa, libros, comidas y ahora lo importante: los fertilizantes,
sistemas de riego, herramientas e implementos de labranza, fungicidas,
insecticidas, herbicidas y un largo etcétera. ¿Qué ha hecho nuestro gobierno al respecto? Muy poco. ¿Qué ha logrado? ¡Nada! En la última gestión realizada por el entonces
Gobernador Alejandro García Padilla y el Comisionado Residente Pedro Pierluissi:
cero.
En respuesta a una solicitud de exoneración parcial de
esas leyes hecha a la Oficina del Contraloría Federal (GAO “General Accountability
Office”) se concluye que el monopolio de las navieras
estadounidenses que operan entre los puertos de Estados Unidos y Puerto Rico va
en contra de los intereses de la Isla, pero liberar a la Isla de esas normas
federales de cabotaje atentaría contra el futuro de la Marina Mercante
estadounidense y hasta de su seguridad nacional. Así como lo lee, y consta en blanco y negro. ¿Y esa conclusión? Es que el sobreprecio de los $750 millones
anuales pagados por nosotros, cubre el 60% de los costos operacionales de toda la
marina mercante de los Estados Unidos de Norte América, y eso no es poca cosa.
De manera que al querido amigo que me
señala que hay que “ayudar” a los agricultores que quieren cultivar la tierra, le indico que su exhortación es legítima. Lo
que sucede es que la solución va más
allá de la agricultura. Conlleva una alteración en la relación jurídica entre Puerto
Rico y los Estados Unidos de Norte América, en perjuicio económico de ellos y a
favor de nosotros. Podrá decir el
Departamento de Agricultura lo que quiera, pero esa es la realidad. Y por si acaso, no se trata de falta de tierra
fértil, condiciones climatológicas favorables, entusiasmo y conocimiento de
viejas y nuevas generaciones puertorriqueñas amantes del cultivo. Con eso contamos. Es que nos concentramos en las dos manos
amarradas para dar la batalla. ¿Capich?
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Hace poco más de veinte años haciendo el mismo planteamiento desde otro foro. Como resulta claro de lo antes escrito, aún continuamos con exactamente los mismos problemas y no haberlos resuelto, la hace más grave.
