LA AGRICULTURA Y ALGO MÁS

          Al referirnos al abandono de miles de cuerdas de fincas agrícolas y a la observación que me hace un amigo, de que hay que “ayudar” a quienes aún cultivamos la Tierra, expongo dos hechos que dan al traste con cualquier esfuerzo que de buena o mala fe haya hecho o dicho el Departamento de Agricultura y el Gobierno de Puerto Rico.  

         Primero: Somos el quinto mercado mundial de los productos alimenticios de EEUU.  Eso se traduce a que los agricultores estadounidenses tienen, en Puerto Rico, un

excelente mercado para su producción de vegetales, frutas, huevos, carnes, productos lácteos, comestibles enlatados y empacados.  Ello no ha ocurrido casualmente; en ocasiones ha requerido de medidas drásticas equiparables a una acción militar.  No es para sorprendernos, ya que el término guerra de precios es uno utilizado comúnmente en el campo económico.  Hace unos veinte años, producíamos el 85% de la carne de pollo que consumíamos.  Picú y To Rico, las dos industrias coameñas responsables de ello, daban vida a cientos de avicultores nuestros e indirectamente beneficiaban la economía familiar, bancaria, de construcción, venta de vehículos, gasolina, ropa, escuelas, restaurantes y otros de la zona.  

         Pollos Tyson hizo gestiones para introducir a nuestro mercado su carne  congelada y se encontró con una primera línea de defensa por parte del Departamento de Agricultura.  Se tomaron medidas para proteger lo nuestro, estableciendo ciertas condiciones, entre otras, con el etiquetado de ese producto.  El objetivo era encarecer su costo y disuadir la importación.  Para quien no lo sabe, Puerto Rico no posee la capacidad legal para hacer lo que la mayoría de los países del mundo hacen; establecer una tarifa o un arbitrio para proteger el producto local, de manera que así, con una mano amarrada, nos adentramos en una batalla.  Sin saber cómo, apareció un arriero, a la vista de los inspectores de sanidad federales, en la planta procesadora de carne de pollo y está fue clausurada el tiempo suficiente para asestar un golpe mortal a la industria.   Así de sencillo… una simple escaramuza, tan o más corta que la Guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra.

  Tyson y otras marcas “suplieron la necesidad” de carne de pollo de los puertorriqueños. ¡Nos salvaron!  Lo harán mientras les resulte económicamente beneficioso.  Analice, amigo lector, si algo similar ocurrió con gandules Carro en

Villalba, la industria de la piña Lotus en Manatí, el azúcar, la carne de cerdo y de res, pero más allá… con la petroquímica y cientos de fábricas que una vez formaron parte de ‘Operación Manos a la Obra’.  Se trata de una pelea para la cual los puertorriqueños tenemos una mano amarrada.  ¿Y la otra?  Amarrada también.  Le reconozco esa acertada descripción al licenciado Rubén Berrios Martínez.      

         Segundo: las Leyes de Cabotaje.  Nos la aplicaron unilateralmente los estadounidenses en 1914 y ellas mantienen nuestros costos de producción altos. ¿Cómo?  Requieren que la transportación marítima desde y hacia Puerto Rico se haga en embarcaciones de fabricación, con documentación y tripulación de Estados Unidos (la
más cara del mundo).  Crowley, quien mantiene un monopolio en ese campo, ha preferido pagar millones de dólares en multas, que ceder al control super lucrativo en ese renglón. Casualmente, esa misma compañía anuncia que es quien ‘nos ayuda a resolver’ nuestra transportación marítima.  

         ¿Sabías que los puertorriqueños pagamos cerca de $750 millones anualmente en el sobreprecio de transportación que la aplicación de esas leyes significa?  Ello sin incluir los costos indirectos adicionales; como lo es tener que pagar más por los automóviles, materiales de construcción, maquinaria, ropa, libros, comidas y ahora lo importante: los fertilizantes, sistemas de riego, herramientas e implementos de labranza, fungicidas, insecticidas, herbicidas y un largo etcétera.  ¿Qué ha hecho nuestro gobierno al respecto?  Muy poco.  ¿Qué ha logrado? ¡Nada!  En la última gestión realizada por el entonces Gobernador Alejandro García Padilla y el Comisionado Residente Pedro Pierluissi: cero. 

         En respuesta a una solicitud de exoneración parcial de esas leyes hecha a la Oficina del Contraloría Federal (GAO “General Accountability Office”) se concluye que el monopolio de las navieras estadounidenses que operan entre los puertos de Estados Unidos y Puerto Rico va en contra de los intereses de la Isla, pero liberar a la Isla de esas normas federales de cabotaje atentaría contra el futuro de la Marina Mercante estadounidense y hasta de su seguridad nacional.  Así como lo lee, y consta en blanco y negro. ¿Y esa conclusión?  Es que el sobreprecio de los $750 millones anuales pagados por nosotros, cubre el 60% de los costos operacionales de toda la marina mercante de los Estados Unidos de Norte América, y eso no es poca cosa.    

         De manera que al querido amigo que me señala que hay que “ayudar” a los agricultores que quieren cultivar la tierra, le indico que su exhortación es legítima.  Lo 

que sucede es que la solución va más allá de la agricultura. Conlleva una alteración en la relación jurídica entre Puerto Rico y los Estados Unidos de Norte América, en perjuicio económico de ellos y a favor de nosotros.  Podrá decir el Departamento de Agricultura lo que quiera, pero esa es la realidad.  Y por si acaso, no se trata de falta de tierra fértil, condiciones climatológicas favorables, entusiasmo y conocimiento de viejas y nuevas generaciones puertorriqueñas amantes del cultivo.  Con eso contamos.  Es que nos concentramos en las dos manos amarradas para dar la batalla.  ¿Capich?

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Hace poco más de veinte años haciendo el mismo planteamiento desde otro foro. Como resulta claro de lo antes escrito, aún continuamos con exactamente los mismos problemas y no haberlos resuelto, la hace más grave.