Puerto Rico vs Estados Unidos de Norte América

El amigo-bueno del sur entrevista a un licenciado en derecho en su programa sobre cuestiones.  Gira el tema en torno a las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos.  El abogado sostiene que la manera en que ha estado manejándose el asunto no ha resultado en algo positivo; que es necesario recurrir a la Ley 600.  Percibo la caballerosa incomodidad del entrevistador, pero el letrado insiste que éste es el convenio que regula las relaciones y que las dos partes contratantes deben tratarse como tales. Por ahí se desarrolla la cosa…y la distancia aumenta.  Partiendo de su premisa, el licenciado afirma y sentencia, que para alcanzar algún progreso, Puerto Rico debe solicitar del congreso que se pronuncie en cuanto a lo que está dispuesto a conceder.  ¿Dos partes contratantes en la cual una le solicita a la otra que le adelante lo que está dispuesta a aceptar?  ¿Y por qué no presentarle a la otra parte, cuáles son los puntos específicos que interesa modificar en el convenio? 

Hasta ahora, mayoritariamente las consultas al pueblo han versado sobre las tres fórmulas de status y enmiendas a nuestras leyes…y cada vez nos aparcelamos y fanatizamos más.  La victoria de una fórmula sobre otra parece no tener consecuencias prácticas, sin embargo, el propio ELA ha ido federalizándose, sin consideración alguna al convenio o a los resultados de los plebiscitos.  ¿Por qué?  El cordero que simbólicamente nos representa sigue recostado y bajo el yugo; vea nuestro emblema de país.  

Se me ocurren áreas sobre las cuales se puede consultar al pueblo y luego presentarle los resultados al Congreso de los EEUU con el pedido de modificar los términos del convenio: leyes de cabotaje, seguro social, salario mínimo federal, tribunal federal, control sobre comunicaciones, contratación con otros países; participación en organizaciones caribeñas, centro americanas, latinoamericanas y mundiales; protección tarifaria de nuestros productos, la ciudadanía puertorriqueña, servicio militar, asignaciones federales y el pago de contribuciones federales.  Respaldada por una buena campaña educativa (en sus méritos) y vistos los beneficios para Puerto Rico, entonces podríamos solicitar del congreso las modificaciones aprobadas por nosotros.  ¿Y si no nos hacen caso?;  cosa que dudo, ahí está la comunidad internacional para evaluar y mediar.  Por supuesto, nosotros estaríamos escogiendo los temas y la cantidad de medidas a someterse a la consulta, dependiendo de su complejidad y la estrategia que desarrollemos.  Tenemos mucho que ganar y poco que perder.  A ver si hay espinazo y nos ponemos de pié.