La página tres del diario El Vocero, edición de hoy, bajo el título: Cortos de endosos para elección especial, relaciona en la noticia que Melinda Romero, (hija del ex gobernador Carlos Romero Barceló) quien solamente pudo entregar 255 de los 3,000 que requiere la ley habilitadora de esa elección, radicó una demanda en contra de la CEE alegando que la ley establecía como fecha límite para la entrega el 15 de marzo y no el 8 como indica el reglamento.
Prima facie, parece que le asiste la razón a la ex senadora Romero Donelly (PNP 1998). Sin embargo su curso de acción legal desvía el asunto crítico y crucial de la llamada elección especial.
La misma fue aprobada por la pasada administración del Partido Nuevo Progresista, como parte de la reforma de la anterior ley electoral. Se trata de la misma ‘reforma’ que ha sido objeto de múltiples críticas y bajo la cual se han hecho serias imputaciones de fraude.
En la noticia se indica que los comisionados alternos de los partidos y una representante del presidente de la CEE discutieron, por varias semanas, la disposiciones sobre la elección especial y su reglamento antes de ser aprobados.
Si entendí bien, los demás partidos estuvieron de acuerdo en celebrar una elección especial con el uso de fondos públicos. ¿Hubo alguna consideración o condición sobre los resultados porcentuales de la consulta sobre estatus?
Se cita al licenciado Roberto Aponte Berrios, comisionado del PIP, indicando que: “Además de tratarse de una cuestión de principios, lo cierto es que yo no puedo favorecer que se gasten 6 millones en un ejercicio de cabildeo cuando en el País existen tantas necesidades sin cubrir.”
Creo justo y oportuno que el licenciado Aponte aclare bajo cuáles circunstancias se aprobó la elección especial y cuál es el contexto dentro del cual él expresó no estar de acuerdo con el uso de los dineros, si antes, los comisionados alternos favorecieron la elección especial. Que igualmente, el comisionado del PPD, Gerardo ‘Toñito’ Cruz se exprese y aclare cuáles fueron las consideraciones habidas para endosar el uso de fondos públicos para esa elección especial. (A ambos le cedo espacio aquí para hacerlo.)
Sin un compromiso vinculante del Congreso y habiendo los Estados Unidos expresado de antemano, que la consulta era deficiente legalmente, ¿cómo es posible que ningún comisionado haya impugnado judicialmente su validez? Esa debió haber sido la noticia. Y me pregunto, ¿si los comisionados no lo hacen, podemos nosotros, los ciudadanos llevar un recurso legal para impedirlo? ¿Colegio de Abogados, Facultades de Derecho, abogados defensores del país, podemos contar con ustedes?
Sin un compromiso vinculante del Congreso y habiendo los Estados Unidos expresado de antemano, que la consulta era deficiente legalmente, ¿cómo es posible que ningún comisionado haya impugnado judicialmente su validez? Esa debió haber sido la noticia. Y me pregunto, ¿si los comisionados no lo hacen, podemos nosotros, los ciudadanos llevar un recurso legal para impedirlo? ¿Colegio de Abogados, Facultades de Derecho, abogados defensores del país, podemos contar con ustedes?
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