LA JUSTICIA LO REQUIERE

 

         Va desarrollándose el caso denominado; ‘de Manuel Natal y la Alcaldía de San Juan’, pero en realidad es mucho más que eso.  Estén o no conscientes las partes, se dilucida uno de nuestros principios democráticos más importantes: que el poder del gobierno surge del Pueblo.  El mecanismo que se crea para implementarlo es el sistema electoral.  Si una votación o el proceso mediante el cual se cuentan los votos está plagada de irregularidades que empañan la transparencia y la certeza de que los resultados son los legítimos, se violenta, no sólo la voluntad del Pueblo, se lesiona la democracia y la propia constitución.  Por esta razón, este caso es crucial y deberíamos estar atentos a su desarrollo.    

         Consideremos detenidamente algunos de sus componentes.  El escenario es el que clásicamente provee el gobierno para dirimir controversias; un juzgado.  Los argumentos son legales y hay testigos que están aportando prueba sobre los hechos relevantes que le constan.  Debido al interés público que esto conlleva, se está transmitiendo a través de diversos medios.  Nosotros, el Pueblo, estamos recibiendo información para llegar a juicios mejor informados; corroboramos o descartamos lo que hasta ahora habíamos ‘intuido', escuchado y creído.  Resulta interesante que la pandemia no ha sido un obstáculo para que se realice el evento.  Más allá de los resultados, consiste en un buen ejercicio para concientizar, aprender y madurar colectivamente.   

         Dada la realidad política puertorriqueña, el caso tiene otra dimensión trascendental.  Lo que está ocurriendo nos sirve de ejemplo y modelo para diferentes situaciones que afectan otros aspectos de nuestras vidas y que podríamos enfrentar de una manera similar.  La aplicación a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, encarecen significativamente los costos de la transportación marítima, en consecuencia, también el de la materia prima que nos vemos precisados a importar del exterior.  El daño a nuestra economía es significativo.  Los puertorriqueños pagamos un sobreprecio de uno 1.2 billones de dólares anualmente y se afectan directa y negativamente diferentes sectores productivos del país, como lo son los medianos y pequeños comerciantes y empresarios, y los agricultores.   

         Un principio legal es que el que le ocasiona daños a otro es responsable

de los mismos y si alguien en posición de evitarlos, no lo hace, también responde por ellos. ¿Acaso no es causante de éste enorme daño que sufrimos, el gobierno de los Estados Unidos? ¿No lo son nuestros funcionarios electos que conociendo del mismo se quedan de brazos cruzados, a veces apoyando su comisión? Ciertamente, detrás de ello está presente nuestra condición colonial, una crasa violación al derecho internacional.

         ¿Qué se requiere?  Preparar un caso.  No tengo duda, que existen todos los ingredientes necesarios para lograrlo, pero esta vez, la audiencia, además de nuestra, será de los estadounidenses y de todo el mundo.