ESTÁN EMPUJÁNDONOS A LA INSURRECCIÓN

 El Título 3 § 601 (2018) d la Leyes de Puerto Rico establece que:

“Los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y todos los funcionarios ejecutivos, administrativos y judiciales, y todos los empleados del Gobierno de Puerto Rico, sus dependencias, juntas, comisiones y organismos creados por ley deberán, antes de tomar posesión de sus respectivos cargos o empleos, prestar y firmar el siguiente juramento o afirmación, a saber:

“Yo (Nombre del funcionario o empleado) de (edad) (Nombre del cargo o empleo) juro solemnemente que mantendré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interior o exterior; que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas; y que asumo esta obligación libremente y sin reserva mental ni propósito de evadirla; y que desempeñaré bien y fielmente los deberes del cargo o empleo que estoy próximo a ejercer. Así me ayude Dios.”

 

             Nuestros legisladores fueron elegidos a través del voto directo de los puertorriqueños, según éste fue emitido en unas elecciones generales.*  Quienes actualmente se desempeñan como tales, se obligaron, bajo juramento solemne y le responden al Pueblo, ya que éste último es la fuente de poder según la constitución.   

                La Junta de Control Fiscal se niega a reconocer una pieza legislativa, convertida en ley por nosotros y reclama y requiere la reducción de las pensiones de los empleados
públicos. Ello es contrario a nuestra idiosincrasia, cultura, legislación y al derecho puertorriqueño.  La Junta no puede presionar a nuestros legisladores y al Gobernador para que viole el mandato del Pueblo y su juramento de defendernos.

                Si nuestros legisladores son colocados en la posición de tener que elegir entre cumplir con su deber legal o desatender las pretensiones de la Junta, el único camino que tienen, es el de salvaguardar al Pueblo y a nuestras leyes.  El que una Juez o la Junta requieran que hagan lo contrario, les constituye en enemigos del Pueblo y los nuestros tienen el deber legal de considerarlos enemigos y protegernos de sus ataques.  De insistir la Junta o la Juez en ello, equivale a hacer un llamado a la insurrección.  

  

 *He sostenido que las pasadas elecciones fueron fraudulentas. [Para mi posición al respecto aceda: https://wwwedricvivoni.blogspot.com/2021/01/tu-me-acostumbraste.html ] No renuncio a esa creencia. Tan sólo parto del estado de derecho legalmente vigente y al pronunciamiento y certificación oficial hecha por la Junta Estatal de Elecciones. Quienes desempeñan esas funciones, están obligados por su juramentación y eso es ineludible. No hacerlo, equivale a un acto de traición.