martes, 20 de septiembre de 2016

Leyes de Cabotaje; una larga jornada que habrá de continuar hasta que hagamos justicia

         Con sus firmas, miles de estadistas, independentistas y estadolibristas endosaron una solicitud hecha al liderato político del país para que junto a las elecciones de noviembre próximo se llevase a cabo un referendum sobre las leyes de cabotaje.  En ello hubo la inversión de  unos 500 días de trabajo continuo a través de los medios electrónicos.  
         Veamos algo de trasfondo.  En 1914, el Congreso de los Estados Unidos decidió aplicar a Puerto Rico sus leyes de transporte marítimo, de manera que el acarreo entre ambos países tenía que realizarse en embarcaciones fabricadas, tripuladas y documentadas por los estadounidenses.  Un siglo después, los importadores de la Isla están desembolsando, cada año, un exceso de $750 millones por la misma travesía que se le ofrece a destinos similares al nuestro.  En gran medida, esto se refleja en los altos precios que los puertorriqueños pagamos al adquirir productos provenientes de EEUU.  Ello equivale a un 85% de lo que consumimos.  El sobreprecio es tan significativo, que cubre una cuarta parte de los gastos operativos de toda su marina mercante; la cual comprende alrededor de 465 embarcaciones privadas.  Anteriores esfuerzos recientes para exonerar a Puerto Rico han sido infructuosos.  En 1995-1996 se aprobó una resolución legislativa suscrita por los tres partidos, pero las uniones de estibadores de los puertos en EEUU y una mayoría Demócrata sepultaron la iniciativa.  En el 2015 se presentó el asunto ante las Naciones Unidas y los resultados fueron similares.
        
Bandera que diseñé para la campaña
Ante ese estado de cosas, una campaña para realizar una consulta al Pueblo en noviembre, le hubiese añadido al reclamo la fuerza del voto democrático.  Durante un año y medio solicité pública y privadamente el apoyo de todos los líderes partidistas, visité El Capitolio, sostuve reuniones, hice llamadas, escribí cartas, publiqué carteles y columnas, y recogí firmas.  Finalmente le solicité al Gobernador que incluyese el asunto en la agenda de la sesión extraordinaria de la legislatura; pero la misma no va a ser convocada. 
         Comparto algunas lecciones aprendidas en el proceso.  Una mayoría de los líderes políticos exhiben un grado de inaccesibilidad y arrogancia.  En ellos predomina el protagonismo;  las luchas de poder y sus intereses y fidelidades muy poco tienen que ver con el bienestar del Pueblo.  Muchos de nuestros políticos están pendientes a lo que dice ‘el americano’ y responden con una expectativa sumisa y temerosa a lo que entienden que ‘ellos’ piensan.  Mejorar el país va a requerir que tanto los partidos como los votantes modifiquemos, de raíz, actitudes.     

         Termino agradeciendo el apoyo de tantos buenos habitantes de ésta Tierra que se mantienen en pie de lucha dentro de la sinrazón de los gobernantes. A todos los que se unieron a ésta gesta; especialmente al MUS y a María de Lourdes Guzmán quienes lo hicieron desde los inicios.  ¡Falta camino, pero en el proceso lograremos la justicia!  

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TRIBUNA INVITADA

por Edric E. Vivoni Farage









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Las Leyes de Cabotaje y los políticos sumisos

Con sus firmas, miles de estadistas, independentistas y estadolibristas endosaron una solicitud hecha al liderato político del país para que junto a las elecciones de noviembre próximo se llevase a cabo un referéndum sobre las Leyes de Cabotaje. En ello hubo la inversión de unos 500 días de trabajo continuo a través de los medios electrónicos.
Veamos algo de trasfondo. En 1914, el Congreso de los Estados Unidos decidió aplicar a Puerto Rico sus leyes de transporte marítimo, de manera que el acarreo entre ambos países tenía que realizarse en embarcaciones fabricadas, tripuladas y documentadas por los estadounidenses. Un siglo después, los importadores de la Isla están desembolsando, cada año, un exceso de $750 millones por la misma travesía que se le ofrece a destinos similares al nuestro.
En gran medida, esto se refleja en los altos precios que los puertorriqueños pagamos al adquirir productos provenientes de Estados Unidos. Ello equivale a un 85% de lo que consumimos. El sobreprecio es tan significativo, que cubre una cuarta parte de los gastos operativos de toda su marina mercante; la cual comprende alrededor de 465 embarcaciones privadas.
Anteriores esfuerzos recientes para exonerar a Puerto Rico han sido infructuosos. En 1995-1996 se aprobó una resolución legislativa suscrita por los tres partidos, pero las uniones de estibadores de los puertos en Estados Unidos y una mayoría Demócrata sepultaron la iniciativa.
En el 2015 se presentó el asunto ante las Naciones Unidas y los resultados fueron similares.
Ante ese estado de cosas, una campaña para realizar una consulta al pueblo en noviembre le hubiese añadido al reclamo la fuerza del voto democrático. Durante un año y medio solicité pública y privadamente el apoyo de todos los líderes partidistas, visité El Capitolio, sostuve reuniones, hice llamadas, escribí cartas, publiqué carteles y columnas, y recogí firmas. Finalmente, le solicité al gobernador que incluyera el asunto en la agenda de la sesión extraordinaria de la Legislatura pero la misma no va a ser convocada.
Comparto algunas lecciones aprendidas en el proceso. Una mayoría de los líderes políticos exhiben un grado de inaccesibilidad y arrogancia. En ellos predomina el protagonismo; las luchas de poder y sus intereses y fidelidades muy poco tienen que ver con el bienestar del Pueblo.
Muchos de nuestros políticos están pendientes a lo que dice “el americano” y responden con una expectativa sumisa y temerosa a lo que entienden que “ellos” piensan.
Mejorar el país va a requerir que tanto los partidos como los votantes modifiquemos, de raíz, actitudes.
Termino agradeciendo el apoyo de tantos buenos habitantes de ésta Tierra que se mantienen en pie de lucha dentro de la sinrazón de los gobernantes. ¡Falta camino, pero lograremos la justicia!


Versión escrita para El Nuevo Día 
  Un amigo me remite éste artículo importante. 30 noviembre de 2022.     https://www.yalelawjournal.org/note/the-neglected-port-preference-clause-and-the-jones-act  

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