Divide y destruirás la
capacidad de desarrollar un sentido de unidad y de solidaridad. Apabulla y
desconcierta, y resultará muy difícil oponerse efectivamente a las
acciones injustas y abusivas a las cuales hemos sido sometidos como
pueblo. El anterior razonamiento, aunque doloroso; es lógico y
consecuente. Describe una realidad histórica, desde una perspectiva
negativa y una óptica defensiva. Veámoslo de una manera más positiva y combativa;
aunque ésta última es una forma de visualizar casi desconocida en la colonia en
la cual hemos vivido desde los tiempos de España; una que ha moldeado actitudes
y maneras de pensar en la mayoría de los puertorriqueños, aún entre quienes
acusamos tal estado de indignidad.
¿Qué evento o situación tiene el potencial de generar
acciones concertadas; rebasando líneas partidistas e
ideológicas? En estos momentos cruciales…existe una, y es posible
que sea nuestra gran oportunidad.
Hawái y Alaska, dos estado federados de la unión estadounidense,
realizan grandes esfuerzos por librarse de los efectos de las leyes de
cabotaje. Ambos dependen básicamente de la transportación marítima para
importar y exportar bienes desde y hacia el resto de la nación de la cual
forman parte, y la vigencia de estas leyes encarece sustancialmente el costo de
vida de sus residentes. Puerto Rico se encuentra en similares
circunstancias, aunque en nuestro caso, existen elementos muy particulares.
En octubre de
1995 la Cámara y el Senado de Puerto Rico, trascendiendo líneas partidistas,
aprobaron la Resolución Concurrente Núm. 35 solicitando del Congreso
que eximiese a Puerto Rico de las leyes de cabotaje [PNP, PPD y
PIP]. En el 2013, la Oficina de Contraloría General de
los Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés) publicó un
‘informe’ sobre éstas leyes y su impacto en nuestra economía, reconociendo
claramente que le imponen una pesada carga a los puertorriqueños. En el
2015, la Senadora Rossana López León realizó una investigación que midió el
impacto negativo de las leyes de cabotaje sobre la economía local, estimándolo
entre 800 y 900 millones de dólares anuales. En junio del
2015, el llamado Informe Krueger, (suscrito por la ex directora del Fondo
Monetario Internacional) analizó la presente crisis económica y recomendó que
se eliminasen las leyes de cabotaje sobre Puerto Rico.
Hoy, ante la crisis
económica gubernamental, el momento precisa ser el más apropiado para crear un
frente común. Apoyemos la celebración de una consulta electoral
sobre las leyes de cabotaje junto a las elecciones del 2016. Podemos
seguir adelantando o respondiendo a aspiraciones particulares, partidistas
o ideológicas; al temor de siempre o atacarnos y echar culpas. Esa
es el arma poderosa del neo colonialismo; colocar a unos puertorriqueños en
contra de otros y ser nosotros mismos quienes nos dividimos y debilitamos.
Estamos en el momento de unirnos para alcanzar una meta que
promueve el bienestar general. Un millón de votos a favor de la
eliminación de las leyes de cabotaje representaría una fuerza democrática
trascendental; un pasaporte hacia el Congreso de los Estados Unidos y el resto
de las naciones. Comprometiéndonos con
una política de solidaridad daremos éste primer paso histórico. 
